Financiamiento público o dinero negro
Ahora que saltan casi diariamente los escándalos de corrupción en los partidos en competencia electoral, especialmente en relación con la compra-venta de puestos en las lista de candidatos, vuelve a tener actualidad la discusión sobe el financiamiento público de las organizaciones políticas.
Aunque muchos no lo saben, en el Perú está legalizado este financiamiento, a traves de la ley de partidos políticos del 2004. Sin embargo, el presidente García -en desacato abierto y declaración explícita- se niega a aplicar la ley porque considera, demagógicamente, que en Perú hay problemas más importantes a resolver que financiar la acción política. En esto como en otras cosas, la pena de muerte para los violadores de niños por ejemplo, pareciera seguir algún sentido común popular y de paso ganarse alguito, que lo necesita en las encuestas.
El financiamiento público a los partidos políticos surge porque hacer política resulta muy caro en cualquier sociedad compleja, especialmente por el rol creciente de los medios y en especial de la TV. Esto se expresa en casi todas las democracias desarrolladas y en buena parte de A.Latina, donde existe el funcionamiento público el quehacer político se dificulta tremendamente para quienes luchan por una política limpia en función del interés general.
Los opositores al financiamiento público lo hacen por ingenuidad o hipocresía. En ambos casos juega a su favor el deterioro de la actividad política y su creciente identificación con un negocio particular. El razonamiento es que financiar la política con el presupuesto sería regalarles la plata a los políticos que son basicamente unos delincuentes. Se deja aquí de lado la importancia y la esperanza de tener mejores partidos para que efectivamente expresen a la población y produzcan el liderazgo indispensable para resolver los problemas nacionales.
Pero el más interesado en que no haya financiamiento público es el dinero negro, porque su influencia decrecería notablemente y el control de los recursos , al estar en juego dinero público, sería mucho más estricto. Ya es hora de que se cumpla la ley y la ONPE exija al Ejecutivo que le dé las partidas necesarias para brindar este financiamiento, para que así se beneficie la democracia peruana.