“Ninguna Constitución se hizo en tranquilidad sino en medio de turbulencia”
Entrevista realizada por Roberth Orihuela para La República, edición Sur.
"Esta carta está diseñada en favor de un pequeño grupo de grandes propietarios y empresarios"
En su libro usted considera que el Perú necesita una nueva Constitución.
Pretende señalar la razón de fondo por la que el país necesita una nueva constitución. No es un anhelo de los últimos tiempos. Con Gustavo Mohme, desde el principio de la década de los noventa, nos opusimos al golpe de Estado, y luego a la convocatoria del Congreso Constituyente Democrático, porque fue en dictadura (Fujimori). Mohme formó el Comité por el No, para que no se aprobara la Constitución. El doctor Juan Chávez Molina, miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de entonces, denunció que el resultado fue un fraude fraguado por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) comandado por Vladimiro Montesinos. Y por eso renunció al jurado. De eso ya casi 30 años.
¿Qué es lo que está mal con la Constitución del 93, aparte del golpe y la dictadura?
Esta carta está diseñada en favor de un pequeño grupo de grandes propietarios y empresarios, que han llevado adelante una economía en favor de sus intereses. Limita los derechos civiles y políticos. Saca los derechos sociales del capítulo de los derechos fundamentales, elimina el tema de la seguridad social.
¿Pero, qué es lo que hay que cambiar?
Hay necesidad de reforma en varios terrenos. Primero en la identidad del Perú. Es pluricultural y multilingüe. Hay que reivindicar la tradición andino-amazónica. Hay que reconceptualizar las familias de derechos civiles, políticos y sociales. Agregar los derechos culturales y de género. La estructura del poder tiene que reorganizarse por dos conceptos: representación y participación. Para no quejarnos de que el gobernante de turno pierde legitimidad.
Lo principal, quizás, es el capítulo económico…
Esta Constitución da facilidades a los grandes grupos de poder económicos, especialmente extranjeros. Cosa que no pasa ni en Estados Unidos. En todos los países es el capital nacional y la participación del Estado lo que desarrolla el país. Los contratos ley, que no pueden ser modificados, son absurdos. No existe en ninguna parte del mundo. El Estado debe regular la actividad económica y orientarla concertadamente e intervenir en los sectores estratégicos. Como el caso del gas de Camisea. Ese gas lo toma un consorcio de cinco empresas extranjeras y lo venden en México y Asia. A ver si Estados Unidos haría eso. Ellos tienen una reserva estratégica de petróleo que no se la venden a nadie. ¿Y eso los hace comunistas? No. Están pensando en su país. Y es lógico.
Desde que se formó la Constitución del 93 se ha pedido una nueva Carta Magna. Valentin Paniagua tuvo la gran oportunidad de hacerlo, ¿qué pasó?
Valentín Paniagua quiso hacerlo. Me dijo que fue su mayor frustración no poder darle una nueva Constitución al Perú. Hizo una comisión que dio recomendaciones y se encarpetaron. Con (Alejandro) Toledo y (Ollanta) Humala pasó lo mismo. Un día Humala me llamó por teléfono y me dijo: olvídate del tema de la Constitución, no nos conviene. ¿A quién no le convenía? Me pregunté yo. No le convenía a los grandes grupos económicos.
¿Qué ha pasado con Pedro Castillo? Él ganó las elecciones con este mensaje también…
Desafortunadamente apoyé a Castillo en segunda vuelta. Se está humalizando. Es indudable que su gobierno ha cambiado y ha dejado el programa de reformas radicales. Como la reforma al contrato de Camisea y que haya gas para todos los peruanos.
¿Hay condiciones políticas, socioeconómicas para un cambio de Constitución?
Ninguna Constitución se ha hecho con tranquilidad, siempre lo hicieron en medio de una gran turbulencia. Desde la Constitución de Estados Unidos y hasta los franceses. Miremos lo que pasó en Chile, la Constitución de Pinochet fue más dura, con más candados, pero lograron el camino.
Algunos temen que haya un cambio de Constitución que genere la perpetuidad del gobernante de turno. Como ha pasado con Alberto Fujimori y otros gobernantes de izquierda en Sudamérica.
Para evitar eso hay que dar prohibiciones que garanticen la competencia política y la rotación adecuada en el poder.
¿Existe ese riesgo?
Sí pasó, pero porque no se pusieron las restricciones constitucionales respectivas.
¿Qué le parece el gobierno de Castillo?
Despertó muchas esperanzas en el país, también a mí. Es el gobierno de la gran frustración. No solo porque ha dejado de lado su programa de reformas y el planteamiento de la nueva Constitución (la entrevista se hizo antes del anuncio en Cusco), sino porque ha resultado ser muy ineficaz y parece que en muchos aspectos corrupto. No ha sido capaz de enfrentar a la derecha y tampoco es eficaz en el manejo cotidiano del gobierno. La influencia de Vladimir Cerrón no parece ser la más positiva.
Hablamos de que el gobierno genere empresas, pero estas pueden ser copadas por el gobierno de turno, como ahora Castillo copa los ministerios…
En todas partes se cuecen habas. Se tiene que establecer mecanismos públicos de control. Antes decían que la empresa pública es corrupta, pero lo que hemos visto en los últimos años es que la empresa privada es recontra corrupta.
Tal vez el mayor temor de la población es que la Constitución sea comunista…
Yo diría una Constitución democrática, que dé posibilidades de competencia económica y política. La Constitución del 93 no promueve la propiedad privada, sino los monopolios. Promueve a un pequeño grupo de grandes monopolios que son los que se oponen.
Sobre los monopolios, el gobierno ha presentado un proyecto de ley. Pero la Constitución del 93 se opone a los monopolios, ¿Cuál es la jugada para que existan?
Elimina y no elimina. Sucede lo que pasa con el derecho a referéndum. En una parte lo da y en otra parte lo quita. Es en sí misma contradictoria. Es una carta que no tiene la consistencia adecuada. Hay que ser tajantes al respecto. Hace 120 años que Estados Unidos tiene una ley antimonopolios. Y todavía hay gente que se queja acá. Es algo elemental.
¿En qué otros aspectos es contradictoria la Constitución del 93?
También en la descentralización. La formulación inicial la prohibió y después se han hecho injertos para darle posibilidades. Supuestamente son los gobiernos regionales los que hacen el gasto, pero al mismo tiempo permite que el Ministerio de Economía y Finanzas recentralice todo en Lima. En la literatura de la ley, dan la plata, pero en la práctica le dicen: si quieres gastar primero tiene que pedirme permiso. Genera burocracia.
Entrevista publicada el 25 de abril en La República, edición Sur.