Una vergüenza de dictamen sobre reforma política
La Comisión de Constitución del Congreso de la República acaba de aprobar una vergüenza de dictamen sobre reforma política. Más que reformar algo este dictamen, de ser aprobado como ley, se convertiría en una provocación para una cada vez más vasta opinión pública que pide que la política deje de ser el club privado de un grupo de escogidos.
Para empezar, en lugar de atender, aunque sea mínimamente, la demanda de rebajar el número de firmas para inscribir un nuevo partido político, que en la actualidad es de 3% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones nacionales, se ha subido al 5%. Es decir, pasan de medio millón a casi 900 mil firmas las que se necesitan, además de los comités, para inscribir un nuevo partido. Demás está decir que los actuales partidos inscritos lo han logrado con requisitos diminutos comparados a los actuales y que los últimos, como Tierra y Libertad, Orden de Flores Araoz o Peruanos por el Cambio de Kuczynski, todos lo han hecho con el requisito de 1%.
Teniendo en cuenta que se calcula en tres soles lo que cuesta conseguir cada firma y que hay necesidad de, por lo menos, triplicar el requisito de firmas a presentar para tener alguna chance, llegamos a un presupuesto mínimo de casi ocho millones de soles para inscribir un nuevo partido. ¿Quién puede hacerlo? Probablemente alguien muy rico o con acceso a mucho dinero ilegal, con lo que se cierran las posibilidades de renovar el sistema por esta vía. La última modificación de pasar al 5% solo tiene entonces el propósito de bloquear a cualquier otra fuerza nueva con propuestas de cambio.
Esta vergüenza continúa cuando se trata de la democracia interna. En lugar de acceder a la propuesta del sistema electoral (JNE, ONPE y RENIEC) de instituir las elecciones para escoger candidatos, ya sean primarias abiertas a la ciudadanía o internas de los afiliados, con la vigilancia de la autoridad electoral y en un solo día para todos los partidos, teniendo como contraparte la eliminación del voto preferencial; se inisiste en lo que ya está en la ley que permite a los partidos escoger el sistema que quieran y les deja los caminos a abiertos para manipular el resultado. Además, se eleva del 20 al 25% la cantidad de invitados en las listas, aumentando de esta manera el poder de las direcciones en la elaboración de las mismas.
Resalta en este punto la mantención del voto preferencial, que se ha demostrado a lo largo de los últimos 30 años no hace sino aumentar el poder del dinero y de los lobbies para elegir a quien más les conviene y destruye a través de la competencia intrapartidaria a los partidos políticos. Tendremos que seguir sufriendo otro período más de mediocridad, predominio de los grupos de interés y debilidad partidaria en el parlamento nacional.
Asimismo, si bien reitera y precisa el financiamiento público de los partidos, deja de lado la regulación del financiamiento privado, especialmente la revisión de la contabilidad del mismo. Con esta gravísima omisión abre la puerta a que se compren las elecciones por parte de intereses particulares y peor todavía de organizaciones delictivas. Si no se corrige esa omisión estaríamos ad portas de que las elecciones se conviertan en un fraude permanente que hunda el régimen democrático.
Por último, no se toca el tema de la propaganda electoral, que no sabemos si vendrá en dictamen aparte o simplemente ha quedado “olvidado” por nuestros congresistas. En este punto lo fundamental es la prohibición de la propaganda pagada en televisión, que no es otra cosa que el gasto más importante que tienen los partidos en campaña. Su abolición, como ya se ha hecho en varios países de América Latina y en casi toda Europa, sería un gran paso adelante para tener elecciones libres y justas.
Nuestros congresistas no han sido especialmente empeñosos en la reforma electoral porque ella, de una u otra forma, por más que sea inmensamente beneficiosa para el país, intuyen que puede perjudicar su futuro inmediato. ¡Qué lástima! Los ciudadanos, sin embargo, debemos estar atentos al resultado, porque las consecuencias de que aprueben el dictamen serían mucho peor que repartija de dos años atrás. No permitamos que amañen las elecciones antes de que estas sucedan.